(Íñigo Gurruchaga | londres)
La defensa de Farid Hilali, un marroquí de 26 años cuya extradición ha solicitado el juez Garzón bajo la acusación de haber participado en la conspiración del 11-S en Estados Unidos, pidió ayer su puesta en libertad alegando que puede ser torturado y discriminado por razones étnicas o religiosas en España.
El abogado Edward Fitzgerald argumentó que las pruebas contra Hilali son muy tenues, que la comisión del presidente de Estados Unidos, «que ha investigado exhaustivamente» los atentados, no encontró indicios de la participación de residentes en España o del propio Hilali, y que «cuanto más leves son las pruebas, mayores los prejuicios».
Fitzgerald se amparó en dos informes remitidos por abogados que ejercen en España para explicar al tribunal inglés que Amnistía Internacional ha incluido en sus informes denuncias de torturas a detenidos africanos y musulmanes en España y que son encarcelados en prisión preventiva por períodos de hasta cuatro años antes de llegar al juicio.
La defensa de Hilali afirmó además que, a diferencia de los detenidos de ETA, la representación legal de los musulmanes corre a cargo de abogados de oficio, que sólo ganan unos 3.500 euros. La baja calidad de tal asistencia legal es equivalente, según Fitzgerald, a discriminación.
